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Costas

Volar sobre dominio público marítimo terrestre: qué autoriza Costas y qué autoriza tu comunidad autónoma

Por Equipo AERIA Actualizado el 7 min de lectura

Vista aérea al amanecer de un tramo de costa virgen con playa de arena clara, cordón de dunas y una laguna litoral detrás
La franja de arena, las dunas y la laguna de detrás pueden tener regímenes distintos. El límite del dominio público no se ve desde el aire. Imagen generada con IA

En resumen

Ninguna administración de Costas autoriza un vuelo con UAS. La Ley 22/1988 no regula el espacio aéreo: regula la ocupación y el uso del suelo del dominio público marítimo terrestre, que según su artículo 3 incluye playas, marismas, esteros y dunas. Si despegas, aterrizas o instalas algo ahí, necesitas título. El artículo 51.1 sujeta a autorización previa las actividades que, aun sin obras ni instalaciones, presenten circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad, y el artículo 110.3 del RD 876/2014 aclara que hay rentabilidad cuando el uso del dominio público es factor determinante del rendimiento económico. En el dominio público resuelve el Servicio Periférico de Costas, con cuatro meses de plazo y silencio desestimatorio. En los 100 metros de servidumbre de protección resuelve la comunidad autónoma, tras informe estatal de un mes. Aparte, una playa con instalaciones de ocio es entorno urbano a efectos del artículo 40 del RD 517/2024.

¿Quién autoriza volar un dron sobre la costa?

Costas no autoriza vuelos. La Ley 22/1988 no regula el espacio aéreo: regula la ocupación y el uso del suelo del dominio público marítimo terrestre. Si despegas, aterrizas o montas algo en la playa, entras en su ámbito. El sobrevuelo puro, en cambio, se resuelve por la vía aeronáutica.

Esta distinción es la que más se pasa por alto en los presupuestos de trabajos en primera línea de costa. Se pide un "permiso de Costas para volar" que no existe con ese nombre, y se olvida el título que sí puede hacer falta: el que habilita a usar la arena como base de operaciones.

Conviene separar los dos expedientes desde el primer día, porque los resuelven administraciones distintas, con documentación distinta y plazos que no se hablan entre sí.

¿Qué es exactamente el dominio público marítimo terrestre?

El artículo 3 de la Ley 22/1988 lo define como la ribera del mar y de las rías (zona marítimo terrestre y playas), el mar territorial y las aguas interiores con su lecho y subsuelo, y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Es dominio público estatal por mandato del artículo 132.2 de la Constitución.

La sorpresa habitual está en la extensión de la ribera. El mismo artículo 3 incluye las marismas, albuferas, marjales y esteros, y todas las partes de terrenos bajos que se inundan por el flujo y reflujo de las mareas, de las olas o por filtración del agua del mar. También las dunas, hasta donde resulte necesario para la estabilidad de la playa.

Un punto de despegue que a ojo está "detrás de la playa" puede ser dominio público estatal si se inunda periódicamente. El deslinde, no la intuición, es lo que fija el límite.

¿Dónde acaba Costas y empieza la comunidad autónoma?

En el dominio público resuelve el Estado. Hacia tierra, en la zona de servidumbre de protección, resuelve la comunidad autónoma. El artículo 110.b) de la Ley 22/1988 atribuía al Estado las autorizaciones en las zonas de servidumbre, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 declaró inconstitucional y nulo ese inciso en lo relativo a la zona de protección.

Lo confirma el reglamento: el artículo 49.1 del RD 876/2014 sujeta los usos permitidos en la servidumbre de protección a autorización de la comunidad autónoma. Antes de resolver, el órgano autonómico pide informe al Servicio Periférico de Costas, que dispone de un mes; pasado ese mes sin emitirlo, el expediente continúa (artículo 50.2).

La servidumbre de protección son 100 metros medidos tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, ampliables en otros 100 y reducibles hasta 20 en las márgenes de los ríos donde se notan las mareas (artículo 23). Dentro de ella, los 6 primeros metros son servidumbre de tránsito y deben quedar permanentemente expeditos para el paso peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento (artículo 27.1).

Reparto de competencias sobre la franja litoral según la Ley 22/1988 de Costas y el Reglamento General de Costas (RD 876/2014).
FranjaAlcanceQuién resuelveNorma
Dominio público marítimo terrestreRibera del mar, playas, marismas, esteros y dunasServicio Periférico de Costas (Estado)Artículos 3 y 110.b) de la Ley 22/1988
Servidumbre de tránsito6 metros tierra adentro, ampliables a 20 en tránsito difícilComunidad autónoma, recogiendo las observaciones del Servicio Periférico de CostasArtículo 27 de la Ley 22/1988 y artículo 50.3 del RD 876/2014
Servidumbre de protección100 metros, ampliables a 200 y reducibles a 20 en márgenes de ríosComunidad autónomaArtículo 23 de la Ley 22/1988, artículo 49.1 del RD 876/2014 y STC 149/1991
Autorización de ocupación o actividad en dominio público4 meses para resolver y notificar; sin respuesta se entiende desestimadaServicio Periférico de CostasArtículo 152.13 del RD 876/2014

¿Cuándo necesitas autorización de Costas para tu operación?

El artículo 51.1 de la Ley 22/1988 sujeta a autorización previa dos cosas: la ocupación del dominio público con instalaciones desmontables o con bienes muebles, y las actividades en las que, aun sin obras ni instalaciones de ningún tipo, concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad. Esa segunda mitad es la que afecta a una operación con UAS.

El artículo 110.3 del RD 876/2014 concreta los tres supuestos. Hay intensidad cuando la actividad no es compatible con los usos comunes del artículo 31.1 (pasear, estar, bañarse, navegar, pescar y actos semejantes). Hay peligrosidad cuando su ejercicio supone un peligro o riesgo para la integridad de personas o bienes. Y hay rentabilidad cuando la utilización del dominio público es un factor determinante de la rentabilidad económica de la actividad.

Ese último criterio es el que decide la mayoría de los casos profesionales. Si la playa es el escenario que da valor al encargo, el uso deja de ser común. El artículo 110.4 añade un matiz útil: se entiende que hay ocupación con bienes muebles cuando se ubican en el dominio público de forma continuada o, en todo caso, por plazo superior a un día.

  1. Sitúa el punto de despegue y de aterrizaje sobre el deslinde vigente, no sobre el mapa base.
  2. Decide si tu actividad encaja en los usos comunes del artículo 31.1 o si activa alguno de los tres supuestos del artículo 110.3.
  3. Si activa alguno, presenta la solicitud ante el Servicio Periférico de Costas de la provincia.
  4. Si además vas a instalar o estacionar algo dentro de los 100 metros de servidumbre de protección, abre en paralelo el expediente autonómico.
Vista aérea al anochecer de un paseo marítimo con espigones de piedra entrando en el mar y el alumbrado recién encendido
En costa urbanizada se cruzan el dominio público, el municipio y, si hay gente, la concentración de personas. Imagen generada con IA

¿Cuánto tarda y qué pasa si no contestan?

Cuatro meses para las autorizaciones y seis para las concesiones, según el artículo 152.13 del RD 876/2014. Transcurridos sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada. El Ministerio para la Transición Ecológica publica el mismo plazo de cuatro meses y el mismo sentido desestimatorio en la ficha del procedimiento.

Hay un atajo hacia el no: el artículo 152 del reglamento permite denegar en dos meses, con la sola audiencia previa al peticionario, las solicitudes que se opongan de manera notoria a la normativa en vigor. Una petición mal encajada no tarda cuatro meses en caerse; tarda dos.

Las autorizaciones se otorgan con carácter personal e intransferible entre vivos y su plazo de vencimiento no puede exceder de cuatro años (artículos 52.3 y 52.4 de la Ley 22/1988). Para una campaña recurrente conviene pedir el título con el alcance temporal real desde el principio.

¿Es la playa una zona geográfica de UAS?

Puede serlo, y no por ser costa. El artículo 40.1.c) del RD 517/2024 considera entorno urbano las áreas recreativas de acceso público en las que existan construcciones o instalaciones, permanentes o eventuales, para el ocio, el recreo o el deporte, y cita expresamente las playas que reúnan ambos requisitos.

Si tu playa entra en esa definición, la zona geográfica se extiende verticalmente hasta 300 metros sobre el obstáculo más alto situado en un radio de 600 metros, y el operador registrado tiene que comunicar la operación al Ministerio del Interior con una antelación mínima de cinco días naturales (artículo 40.2.b y 40.3.a). Las autoridades de seguridad pública pueden limitarla o prohibirla.

Súmale el artículo 36.3 del RD 517/2024: si sobre el mismo volumen coinciden varias zonas geográficas generales, hay que ajustarse a las condiciones operacionales de todas. Un arenal con chiringuitos, dentro de un espacio de la Red Natura y cerca de un puerto acumula tres capas aeronáuticas y, encima, el título de Costas por el uso del suelo. La guía sobre zonas que se solapan desarrolla ese efecto, y la comunicación previa al Ministerio del Interior explica cómo se presenta la que corresponde a entornos urbanos.

¿Qué riesgo hay si vuelas sin el título que toca?

Dos regímenes sancionadores distintos, y se acumulan. Por el lado de Costas, el artículo 90.2.i) de la Ley 22/1988 tipifica como infracción grave la utilización del dominio público marítimo terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos. La multa se calcula por el beneficio estimado del infractor y, cuando no sea cuantificable, por el valor de los daños, con un mínimo de 150 euros (artículo 97.1.a).

La ocupación o utilización sin título que no llegue a grave es infracción leve, sancionada con 20 euros por metro cuadrado y día (artículo 97.2.c). Y hay un tipo poco conocido que afecta de lleno a quien vende servicios: el artículo 91.g) sanciona el anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo, con el 25 por ciento del coste del anuncio y un mínimo de 50 euros.

Por el lado aeronáutico, al profesional con ánimo comercial le aplica el tramo del artículo 55.2 de la Ley 21/2003, de 250.001 a 4.500.000 euros. Publicitar un servicio de vuelo en playa sin tener resuelto el expediente ya es, por sí solo, un supuesto sancionable.

¿Cómo lo ordena AERIA?

AERIA sitúa tu punto de operación sobre el deslinde, separa lo que es uso del suelo de lo que es espacio aéreo y te dice qué expedientes abre cada cosa: el del Servicio Periférico de Costas, el autonómico de la servidumbre de protección y los aeronáuticos que active la zona. Preparamos la documentación y hacemos el seguimiento de cada uno.

La resolución la firma la administración y el plazo lo marca ella. Nosotros nos comprometemos con el proceso: que el expediente entre completo, en la ventanilla correcta y con margen sobre los cuatro meses. Empieza por el análisis de zona de AERIA y verás qué capas caen sobre tu tramo de costa antes de comprometer fechas con el cliente. Para el mapa general de permisos, la guía de permisos de vuelo para operadores profesionales.

Preguntas frecuentes

¿Costas da permiso para volar un dron sobre la playa?

No en términos aeronáuticos. La Ley 22/1988 regula la ocupación y el uso del suelo del dominio público marítimo terrestre, no el espacio aéreo. Lo que Costas puede autorizar es que uses la playa como base de la operación: despegue, aterrizaje, instalaciones desmontables o una actividad con circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad (artículo 51.1).

¿Quién resuelve dentro de los 100 metros de servidumbre de protección?

La comunidad autónoma. El artículo 110.b) de la Ley 22/1988 atribuía esas autorizaciones al Estado, pero la Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991 anuló ese inciso en lo relativo a la zona de protección. El artículo 49.1 del RD 876/2014 lo confirma, y el artículo 50 obliga al órgano autonómico a pedir informe al Servicio Periférico de Costas, que dispone de un mes.

¿Cuánto tarda una autorización de ocupación del dominio público marítimo terrestre?

Cuatro meses para resolver y notificar, seis en el caso de las concesiones, según el artículo 152.13 del RD 876/2014. Sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada. Las solicitudes que se opongan de manera notoria a la normativa pueden denegarse en dos meses, con la sola audiencia previa al peticionario.

¿Una playa cuenta como entorno urbano para las zonas geográficas de UAS?

Sí cuando es un área recreativa de acceso público con construcciones o instalaciones, permanentes o eventuales, para el ocio, el recreo o el deporte. El artículo 40.1.c) del RD 517/2024 la cita expresamente. En ese caso la zona llega a 300 metros sobre el obstáculo más alto en un radio de 600 metros y hay que comunicar la operación al Ministerio del Interior con cinco días naturales de antelación.

Fuentes oficiales

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